Aplazan hasta el 8 de marzo juicio contra pandilleros de MS-13 en España

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Agencias/diariolatino.net.- La Audiencia Provincial de Alicante, España, resolvió este martes aplazar hasta el 8 de marzo próximo el juicio que sigue contra pandilleros de la pandilla MS-13 “salvatrucha” al llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y lo abogados defensores para rebajar penas a cambio de una confesión.

La Fiscalía Anticorrupción ha pactado una rebaja de penas, a cambio de una confesión, con 34 presuntos miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha 13  detenidos en la mayor operación policial registrada hasta ahora en España contra esta banda delictiva de origen salvadoreño.

Debido a no existir un visto bueno de la jefatura fiscal, la Audiencia determinó trasladar la sesión para el 8 de marzo venidero.

Los acusados pertenecen en su mayoría a la mara Salvatrucha 13, que fueron capturados en marzo de 2014 durante la operación “cruasán” que permitió desarticular la cúpula de la banda de origen salvadoreño y frenar su expansión en España.
En total, son 38 los acusados, aunque cuatro de ellos fueron declarados en rebeldía. Otros cuatro fueron trasladados pasadas las diez de la mañana desde diferentes centros penitenciarios, donde estaban cumpliendo pena por otros delitos. El resto estaba en libertad provisional.
Se espera que el juicio por la denominada operación Cruasán se lleve a cabo durante doce sesiones a lo largo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de este año, sin especiales medidas de seguridad.Entre los implicados figuran los presuntos cabecillas de las distintas “clicas” o distritos territoriales que, según la Fiscalía Anticorrupción, se agruparon para crear el “Programa 34”, como denominan al proyecto de expansión en España. Éste tenía su sede central en la localidad alicantina de Ibi, en torno a la “clica” Big Crazy, y contaba con ramificaciones en Madrid, Girona y Barcelona.Según el ministerio público, los acusados pretendían consolidar en España una banda similar a la mara salvadoreña, con la que tenían contacto y de la que recibieron financiación. Entre ellos hay distintas nacionalidades, desde paquistaníes, hasta rumanos y bolivianos. También hay mujeres.

Los sospechosos participaron presuntamente en varias peleas por el “control del territorio” con bandas rivales y llegaron a planificar el asesinato de uno de sus adversarios, aunque finalmente no lo pudieron llevar a cabo.

Igualmente, conspiraron para matar al testigo del apuñalamiento sufrido por un presunto integrante de una banda rival, los Latin Kings, ocurrida en el puerto de Alicante en 2012.

Los mareros ingresaban dinero a través del tráfico de drogas, pues habían establecido una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína. Además, la mara poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros, añade la acusación pública, que reclama inicialmente para los procesados penas que oscilan entre los dos y los treinta años de cárcel.

Los cargos a los que se enfrentan son pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato, lesiones, amenazas y blanqueo de capitales.

Canadienses que falsificaron pruebas contra Enrique Rais van a juicio

El empresario Enrique Rais y sus abogados defensores, José David Campos Ventura y Rafael Hernán Contreras Saravia, dijeron este domingo que la resolución del Juez Décimo Primero de Paz de San Salvador,ordenando que continúen siendo procesados los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, demuestra que dicho empresario jamás cometió los delitos de Falsedad Documental y Falsedad Ideológica que le atribuyó la Fiscalía General de la República. Según el juez décimo primero de paz, “de cualquier ángulo legal que se quiera abordar”, se trataba de DELITO IMPOSIBLE, por cuanto el señor Rais no es ni abogado ni Notario.

Pasquale y Pacetti están sien do procesados por el delito de Denuncia o Acusación Calumniosa en perjuicio de la Administración de la Justicia y,subsidiariamente, del empresario Enrique Rais.

En el comunicado Rais y sus abogados recuerdan que la Fiscalía tiene en su poder información confidencial de la Real Policía Montada de Canadá en la que se asegura que tanto Pasquale como Pacetti están vinculados con el crimen organizado y que sobre ambos hay ordenes de captura y difusión roja internacional.

Así mismo, el comunicado señala que en el actual proceso que se sigue contra Rais y su sobrino Hugo Blanco, se encuentra viciado de nulidad desde un principio por el hecho de que, según ellos, la Fiscalía fundamenta el caso en la obtención ilegal de escuchas telefónicas.

Finalmente, el comunicado recuerda que ” en cualquier país del mundo en el que se respete el debido proceso, donde los tribunales ejercen el control difuso de la constitución, un juez no espera un año siete meses para resolver lo que está a la vista tal como lo hizo el juez décimo primero,al declarar que a Enrique Rais se le atribuyeron desde un inicio delitos que jamás pudo cometer.

Activistas emplean violencia contra mina San Rafael en Guatemala

La falta de una sentencia de la Corte de lo Constitucional de Guatemala está favoreciendo que los activistas sociales de la zona minera de Santa Rosa y otros lugares del país, se convierta en lugar de violencia de imprevisibles resultados para economía y el orden social de ese país centroamericano.

Las manifestaciones del pasado miércoles, cuando un grupo de violentos liderados por reconocidos activistas es prueba de ello. Prensa Libre, uno de los más importantes medios periodísticos guatemaltecos, hizo una importante crónica de los motivos y razones que si no son modulados por la CC  podría acarrear graves consecuencias de carácter económico social a Guatemala. Por lo general el dilema de las sentencias constitucional es decidir los valores entre derechos subjetivos y derechos objetivos.

La retención del británico David Howe, gerente de país de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, así como de Camilo Medina, gerente de Relacionamiento de la minera, no es la primera de las señales pero sí una de las más graves. Los empresarios se dirigían a realizar labores de responsabilidad social,  tal como lo establecen las leyes del país y las modernas conductas del manejo empresarial.  El hecho se produjo cuando un grupo armado de pobladores les bloqueó el paso y le pinchó los neumáticos, según lo informó Andrés Dávila, vocero de la  Minera San Rafael.

Ambos ejecutivos viajaban por la zona donde fueron  interceptados  reunirse con un grupo de cafetaleros con quienes se encuentran impulsando proyectos comunitarios.

Los pobladores no dejaban pasar a los ejecutivos, con el argumento de que están en desacuerdo con la mina y con la presencia de sus personeros, porque por orden judicial “no debe estar operando”, dijo Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

La Embajada del Reino Unido  dijo que dio “asistencia consular a un ciudadano británico en Guatemala”,  refiriéndose a Howe,  y además  se puso  en contacto con  autoridades locales, dijo   Eduardo Smith, oficial de prensa.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos mediaron para que fueran liberados los cautivos.

“La retención de personas solo agudiza  la situación de la empresa y de quienes están generando fuentes de trabajo” , expresó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, quien resaltó que la falta de  una sentencia de la CC agudiza la tensión en la región.

Indicó que  Honduras, México y Nicaragua están ofreciendo  más  seguridad ciudadana y certeza  jurídica para ese sector de la economía, por lo que peligra la inversión en el país. Aunque Guatemala tiene potencial, “mientras  el Estado no cumpla con su deber  se  va a seguir siendo un país pobre”, agregó Gálvez.

En el sector minero el efecto es que se está regresando a los niveles del 2004, cuando esa actividad solo aportaba al año unos Q200 millones a la economía, señaló Gálvez, al explicar  que  casi solo van quedando licencias de materiales de construcción.

El Escobal, donde está instalada la mina San Rafael, representa uno de los depósitos de plata más grandes del mundo, porque tiene reservas calculadas en 367 millones de onzas de ese metal precioso, explicó Gálvez.

A la mina Marlin, en San Marcos, que cerró producción el año pasado, se le habían estimado reservas por  2.5 millones de onzas de oro y 300 millones  de plata, agregó Gálvez, quien es gerente de Goldcorp Guatemala,  propietaria de ese proyecto.

“Esperamos que no pase lo que sucedió en la mina Marlin, que decidió no ampliar su inversión y se va del país porque no se da seguridad”, agregó.

Antes de que se produjera esa retención ayer, el presidente Jimmy Morales expuso en una actividad de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham)  que, “a pesar de  decisiones que se han tomado en algunas Cortes”, el producto interno bruto (PIB) creció  2.8%  el año pasado, pero que si “tan solo le sumáramos el 0.6% que representa la mina San Rafael, estaríamos llegando al 3.5%”

Por tercera ocasión en la semana, sectores presentaron un memorial pidiendo a la Corte Constitucional que resuelva los amparos sobre el caso, cuya vista pública se efectuó en octubre del 2017. Ayer, los proveedores de la mina San Rafael presentaron un  memorial  que, según el representante Álvaro Zebadúa, es para pedirles una explicación a los magistrados y que emitan un fallo en ese caso. La mina está suspendida desde el  5 de julio del 2017.

El abogado del Parlamento Xinca, Quelbin Jiménez, también explicó que la población ya les había advertido a los personeros de la mina que no quieren que ingresen en sus comunidades, pero negó que se les haya agredido o que  se usó violencia. En la zona donde opera la mina San Rafael existe poca evidencia de que hayan vestigios de la cultura Xinca.

Los ejecutivos de San Rafael calificaron los atropellos de este jueves como una violación a las garantías constitucionales.

Los revoltosos, cuyos líderes no pertenecen al área geográfica donde opera la mina San Rafael, aseguran que es la empresa la que los provoca al tratar de pasar por sus territorios.

“Están pidiendo  que todos los vehículos de los personeros de la empresa dejen de circular en esos territorios”, dijo Jiménez. No obstante, evitó referirse al derecho constitucional de locomoción.  Recordó que  hay una resolución  judicial que suspendió las operaciones de la mina.

Con la mediación de la PDH se firmó un acta ayer en la cual ambas partes asumieron compromisos, agregó el abogado.