Las propiedades del expresidente  Flores fueron inmovilizadas por La Fiscalía  General de la República que intenta demostrar que fueron adquiridas con dinero ilícito.
Según el procedimiento de de la ley de extinción de dominio, la FGR tiene tres meses para presentar la solicitud ante el tribunal especializado para que esos bienes pasen al Estado.
Una hacienda con un lago artificial donde funcionaba un spa yoga, un aserradero, tres lotes de una isla en el océano Pacífico y otras cuatro propiedades del fallecido ex presidente Francisco Flores Pérez fueron incautadas ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) para que pasen a nombre del Estado. Esto debido a que la Fiscalía sospecha que esos bienes fueron adquiridos con dinero ilícito.
El fallecimiento del ex presidente Flores mientras era procesado evitó una sentencia penal pero la persecución continuó por la vía civil a pesar de no haber sido condenado. La defensa del ex mandatario, Luis Morales Joya apelará de la resolución que ordena despojar a los herederos del ex mandatario.
En la verificación hecha a los inmuebles, los fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio encontraron que el lote #562-L del polígono La Laguna, de Ciudad Arce (La Libertad), fue intervenido con maquinaria pesada para impermeabilizar el suelo y construir un lago en la parte central del terreno que tiene una extensión de 11,424.46 metros cuadrados.

Desde el aire se puede apreciar la construcción en el casco de la hacienda, en la que sobresale una caballeriza, edificaciones de dos plantas y abundante área verde. Pero fotografías del interior muestran que se trata de un inmueble con acabados de lujo y equipado con muebles finos. Ahí funcionaba un spa yoga.

Otra de las propiedades inmovilizadas ayer por la Fiscalía fue un aserradero ubicado en Santo Domingo Los Palmitos, en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán. Este inmueble, de acuerdo con las autoridades, tiene una extensión de 400 manzanas.

También fueron incautadas tres propiedades de la isla San Sebastián, en la costa del océano Pacífico del municipio de San Dionisio, en Usulután.

Los otros cuatro inmuebles son terrenos rústicos que están ubicados en los departamentos de Santa Ana y La Libertad

Durante el procedimiento, Alexis Ayala, jefe fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, dijo que con la incautación buscan garantizar el traspaso de los bienes al Estado, para lo cual tienen entre tres y seis meses como máximo para poder presentar la solicitud ante el juzgado especializado.

“El motivo por el cual se está procediendo es porque se ha tenido ya una investigación donde hay elementos para considerar que es procedente decretar medidas cautelares”, dijo Ayala.

Según la Fiscalía, el expresidente Flores Pérez, que gobernó El Salvador bajo la bandera del partido ARENA entre 1999 y 2004, presentó “un incremento patrimonial injustificado” durante su administración. Por lo que “estas propiedades se consideran que tienen un origen ilícito y otras que en determinado momento han servido para poder mezclar bienes ilícitos; principalmente dinero”, dijo el jefe fiscal.

Después de la solicitud fiscal para quitarle los bienes al expresidente Flores, los herederos pueden justificar ante el tribunal la propiedad de los inmuebles. Sin embargo, la Fiscalía dijo que ellos barajan que son producto del enriquecimiento ilícito.

Los bienes incautados, valorados por la Fiscalía en $627,000, serán administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) hasta que el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio tome una decisión.

Flores Pérez falleció el 30 de enero del año pasado, luego de que su condición de salud se complicó tras sufrir un infarto cerebral seis días antes.

La muerte de Francisco Flores ocurrió cuando guardaba arresto domiciliar mientras enfrentaba un juicio por enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares, por los $15 millones de donativos enviados en 2003 por el Gobierno de Taiwán, dinero que venía destinado para asistir a los damnificados de los dos terremotos de 2001.

Según la acusación de la Fiscalía, el expresidente se apropió de $5 millones y los otros $10 millones fueron depositados en las cuentas del partido ARENA.

El Tribunal Quinto de Sentencia mantiene abierto un proceso por responsabilidad civil por la malversación de esos $15 millones provenientes de Taiwán.

Este periódico intentó hablar con Edgardo Morales Joya, quien fue nombrado por la esposa del expresidente Flores Pérez para que lo representara en el juicio penal, pero no fue posible contactarlo.

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