Nadie puede servir a dos señores.

Por Dr. René Fortín Magaña del Instituto Iberoamericano
de Derecho Constitucional.
He aquí la más lustrosa perla salida de la boca del Honorable señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén: “Quiero expresar nuestra enorme solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y con el proceso de Venezuela”.

¿Con Maduro? ¿No es Maduro el déspota más oscuro y sanguinario, nacido en Colombia, que ha hollado el suelo latinoamericano? ¿No es Maduro el sátrapa que ha hundido en la miseria y el horror al bravo pueblo venezolano? ¿No es Maduro el que encabeza la más siniestra narcodictadura que envenena a las juventudes del planeta? ¿No es él, el culpable de los asesinatos de más de 100 jóvenes, gloriosamente “guarimberos”, que se rebelaron contra la tiranía? ¿No es él, el traidor a los principios democráticos que juró defender, y traidor a su venerado comandante Chávez cuando, apoyado en una desesperada, inconstitucional y aberrante elección sectorial hecha a su medida, pretende sustituir la Constitución de 1999, que él mismo firmó, para implantar explícitamente el comunismo en la tierra de Miranda, de Bello y de Bolívar (el auténtico)?

¡Fuera máscaras!  ¡Fuera caretas!

La frase “verdad y Derecho” que aparece en las publicaciones semanales de nuestro Instituto en el prestigioso periódico El Mundo, nos da base para expresarnos con oportunidad y claridad, sobre todo cuando conocemos el filo del puñal que amenaza a nuestra nación, cuyo gobierno es constitucionalmente “republicano, democrático y representativo”. Que no se diga que las palabras expresadas por el señor Presidente son meramente laudatorias. No. Él mismo agregó: “El proceso de Venezuela se prepara próximamente para elecciones, para elegir la constituyente, y ese proceso que ha seguido siempre Venezuela, a través de la voluntad del pueblo” (sic). Por su parte, el vigésimo tercer Foro de Sao Paulo concluyó “que no basta tener el poder ejecutivo y legislativo, sino también el judicial y los medios de comunicación”.

Después de un proceso político en el que sucesivamente, mediante la imposición y el fraude, ha asumido el poder ejecutivo de nuestro país en dos ocasiones el partido comunista, surgido de una traición en las filas del FMLN, no tenemos derecho a sorprendernos. Por ello, es hora de hablar con la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, con criterio jurídico constitucional. La hoja de ruta de los enemigos de la república, en esta ocasión, es transparente.

La paciencia no tiene que ser eterna. El canciller salvadoreño ha boicoteado las explicitas resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condenaban al dictador venezolano; y el Presidente de la República reside cada vez más en Nicaragua, Cuba y Venezuela que en El Salvador siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Castro, de Ortega y de Maduro.
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El 16 de enero de 1992, el partido comunista juró arteramente, suscribiendo los Acuerdos de Paz, hacerle honor a un gobierno “republicano, democrático y representativo”: pero al tomar el poder inició su misión deletérea conduciendo al país por los caminos más tormentosos, aquellos que, precisamente, por estrategia partidaria, conducen a la destrucción de la democracia representativa. Y lo están logrando por medio de un gobierno que tiene al país al borde del precipicio, violando en un punible acto de perjurio el artículo 235 de nuestra Constitución.

Jurídicamente, el bravo pueblo venezolano actúa con toda legitimidad al oponerse con firmeza a los desmanes del dictador. Esa legitimidad está sólidamente afincada en los artículos 70, 333, 347 y 350 de la vigente Constitución de Venezuela de 1999.

Como parte de la gran patria latinoamericana, acuerpamos al glorioso pueblo venezolano en su lucha ejemplar contra la tiranía más oscura que ha sufrido la región a lo largo de toda su historia. Y alertamos a nuestro pueblo, que también vivió sus momentos de gloria en abril y mayo de 1944 contra la dictadura entonces imperante en nuestro suelo, a mantenerse en pie de lucha contra las actuaciones del partido comunista.

Y, llegada la hora, a luchar y a defender nuestra Carta Magna fundada en los valores que dan vida al Estado Democrático Constitucional de Derecho.

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