Esta es una de las conclusiones contenidas en el informe realizado por el equipo de Litigios de LLYC, la consultoría española de comunicación y asuntos públicos, titulado «Juicios paralelos: la opinión de los jueces», y que está basado en las opiniones de 10 jueces españoles recogidas a través de entrevistas anónimas.

«Una mayoría de los entrevistados observa que parte del problema de los ‘juicios paralelos’ se encuentra en la falta de formación jurídica de algunos profesionales de la información», dice el informe.

«El hecho de invitar a la ciudadanía a participar en un proceso, si no se explica de forma rigurosa y a la vez divulgativa, puede llevar a confusión y a la creación de un juicio entre la población, que opina en base a información imprecisa y/o sesgada».

NO SON «JUICIOS PARALELOS»

En el análisis que LLYC realiza sobre este fenómeno, señala que existen muchos matices a lo largo del proceso que pueden variar en función del contexto mediático en el que se desarrolle el mismo; es precisamente ahí donde el juicio paralelo juega su verdadero papel.

Esta influencia no siempre es tan evidente en cuanto al resultado de la sentencia, sino que afecta en mayor medida a aspectos más sutiles.

«Esto nos hace pensar que los ‘juicios paralelos’ tienen un componente más circular—o espiroidal si nos ponemos rigurosos— que paralelo; es decir, el juicio de la opinión pública no transcurre de forma paralela a lo que ocurre dentro de la Sala como dos líneas rectas que nunca se unen, sino que una impacta en la otra, y viceversa, de manera más o menos evidente según el caso concreto», dice el informe.

LOS JUECES SON EXCEPTICOS SOBRE EL IMPACTO EN SUS PERSONAS

Los jueces entrevistados para este informe muestran su escepticismo sobre el posible impacto que esos «juicios paralelos» pudieran tener en sus decisiones finales. No afecta a su imparcialidad. Asumen que esa resiliencia viene con el cargo.

Pero si hay algo sobre lo que existe un consenso absoluto, es el efecto dañino de los «juicios paralelos».

Porque influyen «de forma negativa» en la percepción que tienen los ciudadanos de la justicia.

Los 10 jueces entrevistados coinciden en que las medidas actualmente disponibles son muy limitadas.

Existe la posibilidad de que el juez solicite amparo al Consejo General del Poder Judicial para abrir un trámite judicial, aunque su escasa aplicación lo convierte en una circunstancia muy excepcional en el funcionamiento de la Justicia.

Al margen de este trámite judicial, los encuestados apuntan a que, al final, se debe recurrir al esfuerzo personal del propio juez para abstraerse de la presión que pueda recibir.

SOLUCIONES

La mayoría de los entrevistados se remite a la cantidad de información provista por las instituciones judiciales como la clave para una posible solución.

Sin embargo, las respuestas no encuentran un punto común que decida si la solución para restringir los «juicios paralelos» pasa por limitar la cantidad de información o, por el contrario, elevar la transparencia.

Todos los entrevistados están de acuerdo en dirigir las soluciones a unos límites más deontológicos y autorregulatorios que legales.

Varios participantes también consideran que las propias oficinas de prensa de los distintos tribunales podrían reforzar sus labores de comunicación.

El efecto de los «juicios paralelos» muchas veces es inevitable y está, además, amparado en la libertad de expresión.

No obstante, un Estado democrático como el español garantiza con sus códigos un margen muy limitado de interpretación para estos profesionales.

YA NO HAY CAMPANAS DE CRISTAL

Hace 40 años los jueces podían crear sus propias «campanas de cristal» simplemente apagando la radio y al televisión. Hoy en día eso ya no es posible.

«Lo que ha quedado en evidencia», dice el informe de LLYC, «es que cada día aumenta la necesidad de tener diálogos recurrentes sobre los ‘juicios paralelos’ que traten de poner sobre la mesa soluciones con las que mitigar sus efectos».

«Entre ellas, algunas claves pasan por una mayor educación judicial (y, por tanto, democrática), una mayor atención a los códigos deontológicos de los medios y, finalmente, un refuerzo efectivo de la actividad comunicativa de las instituciones», concluye. 

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