Jimmy Morales anunció el pasado viernes que no respaldará la continuación de los trabajos de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), el anuncio fue seguido con particular atención desde el televisor de una oficina en la lujosa zona 14, al sur de la capital guatemalteca.

Frente al televisor, el culpable que la CICIG llegue a su fin escuchaba cada frase que estaba dirigida a él, Iván Velásquez, un abogado colombiano, con reconocidos nexos entre la guerrilla colombiana y, según el expresidente del país del sur, Álvaro Uribe Vélez, con conexiones con el narcotráfico.

Velázquez, titular de la CICIG, el organismo de Naciones Unidas que junto al Ministerio Público guatemalteco se lanzó a combatir la corrupción en el país con mayor población y mayor tamaño en Centroamérica desde 2013, cometió, a la par de la recién removida fiscal General y hoy aspirante a una candidatura a la presidencia de la República, Thelma Aldana, un error: Permitieron que la izquierda se adueñara de ambas instituciones y las utilizara como arma política, llegando al atrevimiento que un extranjero se abrogara el derecho de investigar al presidente, legítimamente electo, de la nación.

“Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG”, escuchó Velázquez decir al presidente, quien la tarde del viernes dio un mensaje a la nación desde el palacio de gobierno, mientras mandos militares y altos funcionarios civiles de su gobierno escuchaban detrás de él. El mensaje era claro, Velázquez lo entendió y guardó silencio.

Velázquez supo de antemano que el presidente hablaría, le habían dado el “pitazo” desde dentro del círculo íntimo del Presidente y siguió el discurso acompañado de una docena de colaboradores. Estos narraron a un corresponsal de The Associated Press la crónica.

“Non grato” que se quedó en Guatemala por la fuerza del dinero

En agosto de 2017, Morales declaró a Iván Velázquez persona non grata y ordenó su expulsión. En aquel momento, la Corte de Constitucionalidad revirtió la decisión presidencial bajo presión de países “amigos”, con intereses en injerir en los asuntos internos de Guatemala a través de donaciones y “financiamiento” de varios proyectos, entre estos la CICIG y el Ministerio Público.

Ahora, Morales ha decidido simplemente no renovar la presencia de la CICIG en 2019, cuando acaba su actual mandato, lo que es potestad constitucional del Órgano Ejecutivo; lo que críticos del mandatario consideran una maniobra para evitar que lo investiguen, así como a su familia, ya que en la actualidad y con el empuje de la CICIG y la Fiscalía, por tercer pedido, la oposición política y la izquierda del país busca el retiro de inmunidad del Jefe de Estado.

La Fiscalía General y la CICIG han dicho que Morales habría incurrido en financiamiento electoral ilícito en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral.

Respuesta internacional

Senadores estadounidenses y los embajadores de Suecia, Canadá y otros países europeos rechazaron la decisión del mandatario y pidieron que, en consecuencia, se condicione la cooperación de su país con Guatemala, incluida la ayuda militar. Sin embargo, la opinión de mayor peso en el área, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la dirección del presidente Donald Trump, tendera que evaluar la coyuntura política de la zona, la cual sufre el embate de la China Popular, lo que estaría dando “apalancamiento” a Morales.

Grupos de izquierda y oposición salen en defensa de la CICIG en Guatemala

La Convergencia por los Derechos Humanos, donde están aglutinadas una decena de organizaciones de izquierda, condenó la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y denunció una supuesta ruptura del orden constitucional.

En un comunicado, consideró que lo ocurrido el viernes “rompe el orden constitucional, ya que se ha militarizado a la sociedad, se ha llamado a los jueces y fiscales a “desobedecer” procesos que son considerados persecución política y se hace apología en contra de los derechos humanos”.

El enojo de las organizaciones con el presidente Morales, fue producto de que el anuncio de su decisión lo realizó con un gran respaldo militar y de actores de la derecha guatemalteca.

“Además de la militarización de la ciudad y de la actuación anómala del señor Morales, han circulado rumores de órdenes de capturas en contra de varias personas defensoras de derechos humanos, incluidos abogados y periodistas. Los rumores han estado acompañados de presencia policial en varias sedes y domicilios de las personas señaladas”, denunció el ente, sin embargo, luego de cuatro días no se han realizado ni detenciones ni amedrentamiento a las supuestas víctimas.

Entre las organizaciones que firman este comunicado está el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), todos de corte izquierdista y pro intervención de países extranjeros en asuntos internos de Guatemala.

Por Agencia Digital de Noticias -ADN-

Decenas de miles de guatemaltecos salieron el domingo en una marcha pacífica en el centro de la capital en favor de la familia y en contra del aborto.

La marcha, denominada “Guate por la vida y la familia”, tuvo como punto de partida el Centro Cívico, se dirigió hacia la Plaza de la Constitución y fue convocada por el Movimiento Transformado Guate.

Los manifestantes, muchos vestidos con camiseta blanca, se pronunciaron a favor de los derechos de la familia desde la concepción. “Si a la vida, alto al aborto” o “si a la familia de hombre y mujer”, fueron algunas de las consignas de la marcha en la que participaron miembros de diferentes iglesias.

“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. No a la muerte, si a la vida” o “Defendemos la vida como valor primordial de toda persona desde su concepción hasta su muerte natural”, se leía en algunas pancartas.

La pertinaz llovizna que se hizo sentir en la Plaza de la Constitución no fue ningún obstáculo para que los miles de guatemaltecos, hombres y mujeres, rechazaran el aborto.

La marcha es producto del debate en el Congreso guatemalteco de una ley que prevé penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que aborten.

La norma en debate, más conocida como Iniciativa 52/72, endurece las penas por aborto y limita su uso terapéutico, prohíbe la educación “en diversidad sexual o ideología de género (sic)” y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo.

El proyecto de ley ha sido impulsado por el partido político Viva (Visión con Valores, fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes del país), sin embargo es apoyado también por la iglesia Católica y otras denominaciones protestantes.

El texto pasó ya una primera y segunda lectura en el Congreso unicameral y está previsto que el martes o miércoles próximos afronte la tercera y última. En caso de que sea aprobado definitivamente, y ya ha obtenido los votos suficientes en las dos ocasiones anteriores, solo tendrá que ser sancionado por el presidente, Jimmy Morales, evangélico y apoyado en los sectores más conservadores del país.

“La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años”, dice el proyecto de ley en su artículo 10, que modifica el 139 del Código Penal. Por “aborto culposo propio” se entienden los casos en los que se produce la muerte del feto por acciones involuntarias.

Una guatemalteca que sufra una interrupción del embarazo por cualquier motivo será investigada y enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel. En caso que se trate de un evento involuntario no se le aplicaría pena alguna, pero esto deberá ser certificado por profesionales de la salud.

La norma, en su artículo 13, incluye un apartado denominado “mortinatos” y que dice: “Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”. Es decir, que el médico ya no será cómplice del aborto, como lo es en la mayoría de casos en la actualidad, pero se convierte en en fuente de informes para las autoridades.

Si el proyecto entra en vigor, Guatemala entrará en la lista de países con la normativa más restrictiva del mundo en relación al abuso del aborto de la mujer y la proliferación y celebración pública de la homosexualidad.

Más cárcel y veto a la “ideología de género”

Para entender bien esta normativa, hay que acudir a su séptimo “considerando”, en el que dice “que ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos: es necesario emitir disposiciones legales que, en congruencia con el mandato constitucional, brinden una protección plena a las instituciones del matrimonio y la familia”. Además, la “diversidad sexual” queda definida como “el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

En relación a la educación sexual, el artículo 15 señala que “se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

Por último, el matrimonio es definido como “la unión de hecho de un hombre y de una mujer, así nacidos”, en referencia a las personas transexuales, y se “prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo”.

Aunque los convocantes de la marcha no hicieron mención explícita, se trató de una exhibición de fuerza en apoyo a la ley a punto de pasar por el Congreso.