Luego de una exhaustiva investigación, el Fiscal General de Suiza cerró toda investigación en contra del empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais.

Rais era investigado por supuesto fraude, lavado de dinero en El Salvador y Suiza y por corrupción de funcionarios en la República de El Salvador; delitos todos denunciados en contra de Rais por los ciudadanos ítalo-canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.

El empresario Enrique Rais compró a los señores Pasquale y Pacetti la empresa MIDES en el año 2004 y luego que Rais pagara la totalidad de las acciones al precio convenido, ambos sujetos intentaron extorsionar a Rais por más de 20 millones de declares, aduciendo que el valor de la empresa era mayor luego de ser administrada por el empresario.

Tanto Pasquale como Pacetti lanzaron una grotesca campaña de desprestigio y difamación contra Rais, su familia y grupo empresarial para intentar apropiarse de MIDES, lo que no lograron a la fecha.

El fiscal general suizo cerró las investigaciones ya que comprobó fehacientemente que no existen pruebas que involucren a Rais en los delitos de fraude, corrupción y lavado de dinero.

La firma de abogados que representan a Enrique Rais y su familia a nivel internacional, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, emitió un comunicado de prensa en el cual informaron la absolución sentenciada en Suiza, además, el importante bufete legal advirtió que ante una serie de falsas acusaciones lanzadas por la Fiscalía General de la República de El Salvador, de los señores Pasquale y Pacetti y de competidores inescrupulosos de la empresa MIDES, como el señor Salume, se ejercerán todas las acciones necesarias para proteger los intereses de sus defendidos.

De acuerdo al abogado Juan P. Morillo, El Salvador y Suiza son partes en el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversionistas (Tratado Suiza-El Salvador), de acuerdo al cual El Salvador tiene prohibido expropiar o ejercer cualquier acción arbitraria que reduzca el valor de las inversiones de cualquier ciudadano suizo en el país centroamericano. Por lo tanto, las acciones en El Salvador contra su defendido y su grupo familiar, catalogadas como arbitrarias y abusivas y que han afectado el valor accionario de MIDES, además de cualquier otra acción contra el grupo Rais, serán rechazadas con todas las acciones internacionales disponibles que la ley permite.

“Me denunciaron en Suiza apoyado ilegítimamente apoyado por el Fiscal General Douglas Meléndez, quien en un acto sin precedentes intentó influir en las autoridades suizas”, manifesto el empresario Rais.

El Ministerio Público de la Confederación Suiza ordenó de esta manera el cierre definitivo de la investigación.

Así mismo, el empresario informó que iniciaran denuncias internacionalmente contra las autoridades que han coartado fraudulentamente su derecho de defensa.

El exfiscal general de la República, Luis Martínez, reiteró el jueves que es inocente de los cargos de Omisión, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica Agravada que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

“Soy y me declaro inocente”, dijo Martínez ante el juez Octavo de Instrucción, quien el próximo 15 de noviembre anunciará si el exfiscal y tres personas más, pasan a la etapa del juicio.

Además del exfiscal Martínez, en este proceso fueron juzgados el exjefe de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza, el exjuez suplente, Héctor Grimaldi, y el abogado Luis Peña.

La audiencia, que se prolongó por casi una semana por la supuesta falta de compatibilidad en los sistemas informáticos de la Policía con computadoras, tabletas, celulares y otros dispositivos decomisados a los imputados, terminó ayer con la última palabra concedida a los acusados y a las víctimas.

El exfiscal general Martínez, en su intervención, ratificó que es inocente de las imputaciones que le hacen, de haber omitido investigaciones contra Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco y de haber avalado pruebas falsas para procesar a dos abogados, que son reconocidos delincuentes que gozan de prebendas otorgadas por la actual administración del Ministerio Público.

La FGR sostuvo que había aportado prueba proveniente de los teléfonos y computadoras de Martínez, pero el exfiscal reiteró que las pruebas a las que se refería la representación fiscal fueron obtenidas ilegalmente y que por lo tanto carecerían de valor probatorio en cualquier lugar del mundo si fueran presentadas.

El juez Octavo de Instrucción de San Salvador había dado plazo hasta el 30 de octubre para que la Fiscalía incorporara legalmente los elementos probatorios extraídos supuestamente de los dispositivos electrónicos de los cuatro implicados pero esta no cumplió con la orden judicial.

Uno de los abogados defensores relató a la salida de la sala ayer que “los procesados reiteraron su inocencia ante juez, narraron situaciones que vivieron en carne propia durante el presente proceso”.

La audiencia preliminar finalizó ayer con el derecho de última palabra de las víctimas y los acusados, quienes reiteraron su inocencia, según dijo un abogado consultado.