El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un auto en relación con el caso C-619/18 R Comisión Europea vs Polonia, en el que señala que Polonia “debe suspender inmediatamente” la aplicación de las disposiciones de su legislación relativa a la reducción de la edad de jubilación de los magistrados de su CorteSegún la Justicia europea, los motivos de hecho y de Derecho invocados por la Comisión justifican la concesión de medidas cautelares. El TJUE, “atendiendo a la gravedad de la situación, ha decidido otorgar las medidas provisionales pedidas por la Comisión Europea”, señala el auto. 

27 de los 72 magistrados obligados a retirarse

El tribunal confirma así su decisión inicial del 19 de octubre y admite la petición de la Comisión Europea, que al llevar este asunto ante el TJUE el pasado 24 de septiembre pidió a los jueces “medidas cautelares” para “restaurar” el Supremo polaco a la situación en la que estaba antes de aprobarse la nueva normativa.

En su auto, el TJUE recuerda que la nueva Ley entró en vigor el pasado 3 de abril de 2018 y en virtud de ella se rebajó la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo a los 65 años.

En España la jubilación es a los 72 años.

Así, el nuevo límite de edad se aplica a partir de la fecha de entrada en vigor de dicha Ley, incluso respecto a los jueces de dicho órgano jurisdiccional nombrados antes de dicha fecha.

Este cambio situaría a 27 de los 72 magistrados -un número que representa más de uno de cada tres magistrados- en riesgo de ser obligados a retirarse anticipadamente, incluida la presidenta de esta Corte, Malgorzata Gersdorf, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido.

Y aunque podrán continuar en servicio activo tres años más allá de los 65 años, esto está sujeto a la presentación de una declaración en la que se indique el deseo del magistrado interesado de seguir desempeñando sus funciones y un certificado que acredite que su estado de salud le permite prestar servicio.

La aprobación o no de esta prolongación en la Carrera Judicial será potestad del presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda vinculado al partido ultraconservador gobernante Ley y Justicia (PiS, en sus siglas polacas), sin que su decisión deba estar motivada por ningún criterio ni sujeta a ninguna forma de revisión judicial.

Por lo tanto, de acuerdo con la Ley, los jueces que cumplieron 65 años antes de que la polémica Ley entrara en vigor o, a más tardar, el 3 de julio de 2018, debían retirarse el 4 de julio de 2018, a menos que hubieran presentado la declaración y el certificado hasta el 3 de mayo de 2018, ambos inclusive, y Duda les hubiera otorgado el permiso para continuar en activo.

Varsovia a la Corte Europea

El pasado 2 de octubre de 2018, la Comisión Europea interpuso un recurso ante el TJUE porque consideró que Polonia había infringido la legislación de la UE. En concreto, estaría incumpliendo sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales UE.

Cree que esta reforma pone en riesgo la independencia del poder judicial polaco y la separación de poderes que garantizan los tratados comunitarios, con lo que es “incompatible” con el derecho europeo.

Así, a la espera de que el tribunal entre en el fondo del asunto y dicte sentencia, la Comisión solicitó adoptar una serie de medidas provisionales que ahora confirma el TJUE.

La primera relativa a suspender las disposiciones de la legislación nacional que recogen esa modificación y, seguidamente, adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar que los jueces del Tribunal Supremo afectados pudieran seguir ejerciendo sus funciones en el mismo puesto, con el mismo estatus, derechos y condiciones de trabajo que antes de la entrada en vigor de la mencionada ley.

Asimismo, solicitaba a Polonia que se abstuviera de adoptar cualquier medida relativa al nombramiento de los magistrados del Supremo en sustitución de los actuales o al nombramiento de un nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial en este país.

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