La Fiscalía General de la República (FGR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron el lunes un convenio para colaborar en el combate a la corrupción mediante la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES).

El convenio, con el que se buscaría fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio Público, fue firmado por el fiscal general, Raúl Melara, y el portavoz de la CICIES, Ronalth Ochaeta.

«Hemos logrado un acuerdo histórico entre la OEA y esta Fiscalía. La voz unánime que ha levantado el país ha sido fuerte y clara, todos estamos cansados de ver el beneficio descarado de unos cuantos al utilizar recursos del Estado para gozar de lujos», manifestó Melara en una rueda de prensa.

Melara destacó que «la CICIES se convierte a partir de este momento en una aliado en la lucha que hemos emprendido contra la corrupción» y señaló que el apoyo del ente será «vital» para la Fiscalía.

«Estamos fortaleciendo la asistencia técnica que la OEA brindará para que sigamos persiguiendo, detectando e investigando el delito, y reforzará nuestra acción en la labor penal y erradicación de la corrupción e impunidad», acotó.

Ochaeta, delegado como portavoz de la Cicies por la OEA y exembajador de esta organización en El Salvador, añadió que la colaboración con el Ministerio Público será de asesorías técnicas en los procesos de investigación y al llevar los casos ante los tribunales, por lo que la Fiscalía mantendrá el monopolio de la investigación penal en el país.

«Nuestros profesionales tienen la capacidad técnica y experiencia para venir a asistir a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción», aseguró Ochaeta.

De acuerdo con el fiscal general, el siguiente paso es trabajar en un «protocolo único de acción» para determinar los casos en los que recibirían apoyo de la CICIES y la forma de operar, por lo que la CICIES sería utilizada sólo en algunos casos.

La CICIES únicamente tendrá la facultad de realizar investigaciones administrativas dentro del Ejecutivo, dado que la presidencia de la República no ha solicitado a la Asamblea Legislativa permiso para operar oficialmente como ente investigador y esta no le ha otorgado facultades de persecución del delito.

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