La jueza investigadora de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela,  emitió una orden internacional de búsqueda y  arresto contra el destituido dirigente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus asistentes.

La última vez que Puigdemont y los cuatro asistentes fueron vistos fue en Bruselas, Bélgica, a donde se refugiaron  después que el gobierno decidiera aplicar el artículo 155 de la constitución que lo faculta para actuar contra los independentistas.

La jueza Lamela, presentó la orden ante la fiscalí­a de Bélgica para detener a Puigdemont y sus asistentes, y emitió una orden internacional diferente, de búsqueda y arresto, para alertar a la Europol en caso de que salgan de Bélgica. Los imputados deberán ser citados oficialmente para ser declarados reos de rebelión, sedición, malversación, prevaricato y desobediencia.

Junto al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemónt están  siendo buscados Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura).

Puigdemont y sus consejeros   promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurreción y desafiando el ordenamiento constitucional, según el auto de búsqueda y detención librado.

Carles Puigdemont,el exconsejero de Salud Antoni Comin, el de Cultura Lluís Puig, de Agricultura Meritxell Serret, y de Enseñanza, Clara Ponsatí.

La juez  redactó diez autos, dos por cada investigado. En uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la policía. Por otro lado se envía orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.

La magistrada describe cómo, a pesar de la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresident “continuó impulsando las medidas necesaria para crear un futuro Estado catalán independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de diputados, no de votos”. Toda una batería de argumentos que vuelve a poner el punto de mira en el documento EnfoCATS, que “establecía una hojar de ruta para alcanzar la independencia” y donde se recogía “el papel que debería jugar cada uno de los actores”.

Prisión sin fianza

En uno de los autos, la juez ordena la “busca y captura” nacional e internacional de Puigdemont, así como su ingreso en prisión sin fianza. La magistrada motiva la decisión por el hecho de que el expresidente se encuentra “en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su domicilio”.

La juez deniega la petición de Puigdemont y de los otro cuatro consejeros instalados en Bélgica de declarar por videoconferencia. “Ninguno de ellos explica los motivos que le asisten”. Ese derecho, recuerda, está previsto para residentes en el extranjero, no para quien “se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales”.

La juez destaca los hechos presuntamente delictivos de Puigdemont y le atribuye el liderazgo del proceso para organizar el referéndum y proclamar la independencia. Al frente del “gobierno regional de Cataluña”, Puigdemont, las instituciones y las entidades soberanistas “unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión” de Cataluña.

Según la juzgadora. todos ellos “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”. Como presidente y “más alta representación de la comunidad autónoma”, incumplió las resoluciones del Tribunal Constitucional y “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal”.

La juez ha aceptado la petición del ministerio público, que señalaba en su escrito que es un “hecho notorio y públicamente conocido” la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado “reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”.

De Puigdemont, el fiscal señalaba que “ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”.

La fiscalía belga aseguró este jueves que en cuanto reciba la euroorden de detención y entrega aplicará la ley. El ministerio federal sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla, según las fuentes consultadas. La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial.

La orden de detención “tiene que ser traducida y luego tramitada por la Policía federal, en el parquet federal(Fiscalía) . Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción”, indicó el abogado.

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