El juez Carlos Sánchez Escobar, que aspira a ser magistrado de la Sala de lo Constitucional, habría ordenado la captura del empresario Enrique Rais luego de ser burdamente engañado por una fiscal auxiliar del ministerio público que proporcionó al tribunal información falsa no fue corroborada como lo establece la ley.

Según consta en el requerimiento, la fiscal  Mayra Raquel de Quintanilla, mintió al asegurar que las escuchas realizadas por el Centro de Intervención para las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de República, en terminales supuestamente pertenecientes al empresario Rais, estaban autorizadas por un juez sin haberlo estado.

La defensa del empresario Rais ha demostrado reiterada y fehacientemente la ilegalidad de las escuchas telefónicas que, no solo fueron utilizadas extemporáneamente y sin orden legal, sino que en las mismas ni siquiera aparece el nombre de Rais.

Los abogados afirman  que con esas pruebas falsas, la fiscal Mayra de Quintanilla engañó al juez Carlos Sánchez ya que sirvieron de fundamento para ordenar la captura del empresario Enrique Rais violentando sus derechos constitucionales.

La fiscal Mayra de Quintanilla es cónyuge del también fiscal Carlos Ivan Quintanilla, quien supuestamente el pasado lunes se habría lanzado desde la tercera planta del edificio de la FGR en San Benito. Quintanilla  se desempeñaba como fiscal en la Unidad de Trata de Personas pero antes fue fiscal de Unidad de Vida en la sección  de Mejicanos.

Tanto el tribunal como la representación fiscal han reconocido y admitido en el proceso, que no se ordenó, y que por lo tanto no existió, autorización judicial alguna para intervenir las comunicaciones telefónicas del empresario Rais.

Rais ha pedido públicamente al juez Carlos Sánchez que explique a la comunidad jurídica que reconozca que ordenó la  captura en su contra basado en un engaño de la fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla. “Sería una muestra de integridad y de honestidad el aclarar el engaño que es en términos jurídicos un Fraude Procesal”,

El empresario también asegura que no hubo llamadas, tampoco hubo autorización de juez, no hubo cometimiento de delito, no hubo Noticia Criminis, no hubo investigación y todo lo que consta en autos en su contra ha sido armado a propósito.

A Enrique Rais le asignaron un teléfono que no era de él, sino de otra persona y no investigaron de la manera adecuada, pero ahora sostienen que fue un “error”.

En agosto de 2016 Raís fue convocado a la sede fiscal con engaños y posteriormente detenido bajo los argos de Cohecho, falsedad ideológica y fraude procesal.

El cargo de Cohecho contra el empresario fue desvanecido al comprobarse judicialmente que los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale , Franco Pacetti y el abogado Mario Calderón, incurrieron en los delitos de falsedad ideológica y material mediante un documento público suscrito en la ciudad de Guatemala y en el que incriminaban a Rais, sin que los canadienses y Calderón hubieses estado en dicha ciudad en la fecha que fue notarizado dicho documento.

Respecto a los cargos de fraude procesal y falsedad ideológica que se le imputan a Rais, también han sido desvanecidos por tratarse de “delito imposible” dado que este no es abogado ni notario de la República, necesario para adecuar ese tipo de ilícito.

“Raquel de Quintanilla mintió a Carlos Sánchez sobre que los teléfonos de Enrique Rais tenían autorización del Juez Séptimo de Instrucción para ser monitoreados a través del Centro de Escuchas Telefónicas, lo cual se comprobó que era falso” dijeron sus abogados.

Los fiscales  y el Juez han reconocido en autos que no existió autorización judicial de intervención en contra de Enrique Rais y que fue ese engaño el sirvió de fundamentación para que Fiscalía entregó falsos números para que el magistrado Carlos Sánchez el juez Carlos Sánchez decretara la orden de captura en su contra.

La defensa de Rais asegura que los responsables de engañar al juez Sánchez fueron los fiscales  Mayra Raquel Guerra de Quintanilla y su jefe Will Walter Ruiz, quienes incurrieron en el delito de fraude procesal.

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