La Fiscalía General de la República a través del juzgado Tercero de lo Civil Mercantil de San Salvador, embargó este miércoles tres cuentas bancarias de la empresa harinera Molinos de El Salador (MOLSA), propiedad de Adolfo Salume Artignano, para hacer efectivo el pago de la sanción económica impuesta por la Superintendencia de Competencias, por un valor de $1,971,015.00.

MOLSA fue condenada al pago de esa multa después que fue condenada por drealizar prácticas anticompetitivas que la empresa hizo de la mano con HARISA y de esa forma se repartieron el mercado de las harinas en El Salvador.

El martes 11 del mes en curso, el director de la Unidad de Intereses del Estado Mario Donald Salazar, se presentó ante el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil con un requerimiento de embargo de $1,971,015.00, debido a que la empresa se negaba a pagar esa cantidad de dinero que le impuso la Superintendencia de Competencia.

Salazar, confirmó que Molsa y la empresa Harisa se habían repartido el negocio de las harinas en El Salvador con un monto de un 55 y un 45 por ciento por ciento desde el 2002 al 2008, lo cual es considerado como una práctica anticompetitiva.

La unidad fiscal tramitó el caso en el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de esa capital, debido a que los dueños de la empresa Molinos de El Salvador se negaban hacer efectivo el dinero impuesto por la Superintendencia de Competencia desde el 2008.

La multa fue impuesta por las prácticas anticompetitivas que ambas empresas desarrollaron entre el 2002 al 2008, pero que por ley solamente se logró investigar los años 2006 y 2008 en perjuicio de los consumidores y de la empresa Gumarsal a la que los propietarios de MOLSA y Harisa acusaron repetidas veces de estar ligada a un cartel conocido como «Texis» con tal de quitarla de enmedio y para que no disputara con ellos el mercado de las harinas en El Salvador.

El precio de la harina comenzó a descender desde que la empresa Gumarsal inició la venta  de harina de trigo, la cual y según sus dueños fue bloqueada en varia ocasiones para que no ingresaran al mercado que era controlado por MOLSA y HARISA.

La empresa Gumarsal fue entonces  ligada por un  grupo de periodistas, supuestamente asociados al empresario dueño de MOLSA, con un supuesto cártel de Texis, pero depués de varios años  de indagaciones por parte de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil  no han logrado establecer identificar ningún tipo de conexión entre Gumarsal con alguno de los carteles mencionados.

Segun la Superintendencia de Competencias el monopolio sostenido por las empresas MOLSA y HARISA ha sido tan fuerte llegado un momento no se permitió que otro competidor importara harina de Honduras o Guatemala para comercializarla en el plano local.

El director de la Unidad de Intereses del Estado, Mario Donald Salazar, tuvo que recurrir ante el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil para demandar el embargo de $1,971,015.00, por la rebeldía de la empresa que se negaba a pagar esa cantidad de dinero que le impuso la Superintendencia de Competencia.

La unidad fiscal debió llevar el caso hasta el juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de esa capital, debido a que los dueños de la empresa Molinos de El Salvador se negaban hacer efectivo el dinero impuesto por la Superintendencia de Competencia desde el 2008.

Esa multa corresponde a prácticas anticompetitivas que ambas empresas desarrollaron entre el 2002 al 2008, pero que por ley solamente se logró investigar los años 2006 y 2008. La sanción que impuso la Superintendencia de Competencia corresponde al 3 por ciento de las ventas del 2007.

De igual forma desde el 2008 está una demanda de $2,071,406.76 contra HARISA y cuya empresa también se ha negado en cancelar la multa.

El precio de la harina comenzó a descender desde que la empresa Gumarsal comenzó a vender harina de trigo, la cual y según sus dueños fue bloqueada en varia ocasiones para que no ingresaran al mercado que era controlado por MOLSA y HARISA.

De hecho a la empresa Gumarsal trataron de ligarla con un supuesto cártel de Texis, pero tras años de indagaciones ni la Fiscalía General de la República y mucho menos la Policía Nacional Civil han logrado determinar esa conexión.

Según las autoridades, el  monopolio era tan grande que la empresa MOLSA y HARISA mantuvieron cautivo el mercado salvadoreño, al grado que no se permitió que otro competidor importara harina de Honduras o Guatemala para comercializarla en el plano local.

En  las indagaciones que hizo la Superintendencia de Competencia se determinó la forma de como ambas empresas se repartían el mercado.

Funcionarios de la Superintendencia de Competencia lograron obtener órdenes judiciales y de sorpresa llegaron hasta las oficinas de los ejecutivos más importantes de ambas empresas, donde secuestraron documentos y medios digitales para seguir el proceso de investigación.

En ese momento fue un hecho sin precedentes de la operación, porque los peritos evaluadores llegaron hasta la computadora del presidente de MOLSA, y por medio de la cual se logró evidenciar el intercambio de información entre ambas empresa, donde se detallaban las ventas totales anuales y que dio pie para que se repartieran el mercado.

Los de la Superintendencia llegaron a descifrar el mecanismo que ambas empresas diseñaron para tener ajustes de compensación financiera y por medio del cual se aseguraba que cada quien se quedara con sus ventas totales anuales.

La estrategia consistía en que si una de las dos empresa no vendía los quintales necesarios, significaba que la otra empresa habría vendido de más y pagaba en concepto de indemnización 5 dólares por quintal no vendido.

De hecho los de la Superintendencia de Competencia encontraron que en el 2007 HARISA dejó de vender 42,406 quintales para llegar a su cuota del 45 por ciento, MOLSA debió pagar entonces más de 200 mil dólares.

Salazar, confirmó que Molsa y la empresa Harisa se habían repartido el negocio de las harinas en El Salvador con un monto de un 55 y un 45 por ciento por ciento desde el 2002 al 2008, lo cual es considerado como una práctica anticompetitiva. La sanción que impuso la Superintendencia de Competencia corresponde al 3 por ciento de las ventas del 2007.

Funcionarios de la Superintendencia de Competencia lograron obtener órdenes judiciales y de sorpresa llegaron hasta las oficinas de los ejecutivos más importantes de ambas empresas, donde secuestraron documentos y medios digitales para seguir el proceso de investigación.

Los peritos evaluadores llegaron hasta la computadora del presidente de MOLSA, y por medio de la cual se logró evidenciar el intercambio de información entre ambas empresa, donde se detallaban las ventas totales anuales y que dio pie para que se repartieran el mercado.

Los de la Superintendencia llegaron a descifrar el mecanismo que ambas empresas diseñaron para tener ajustes de compensación financiera y por medio del cual se aseguraba que cada quien se quedara con sus ventas totales anuales.

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