El Director Ejecutivo de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, Ing. Alexander Antonio Suriano, habría denegado información relacionada con el expediente de Contratación del Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos que finalmente le fue adjudicado a la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A.

De acuerdo al apoderado legal de la empresa KALI, S.E.M. DE C.V., que compitió en dicha licitación, la información es fundamental para determinar si ha existido malversación de fondos en esa municipalidad.

Los hechos se derivan de una denuncia interpuesta por KALI, S.E.M. DE C.V., ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a la supuesta violación de normas éticas y leyes notariales por parte del abogado Luis Elías Botto Zuniga, quien en su calidad de notario, legalizó actas notariales que debían ser suscritas por el señor Nocolás Salume en representación de la empresa Gestión Integral de Desechos, S.A., las cuales incluían dos declaraciones juradas de que la empresa ofertante no estaba impedida para contratar con la municipalidad y que se comprometía a dar cumplimiento a las bases de contratación.

De acuerdo a la información presentada por el abogado de KALI, S.E.M. DE C.V., las actas no fueron firmadas por el señor Salume y solamente contaban con la firma del notario, quien manifestaba que el otorgante había firmado a su presencia y de forma conjunta.

Pese a que, según el informante, esa circunstancia descalificaba a la empresa Gestión Integral de Desechos, el proceso siguió y finalmente fue adjudicada para recibir todos los desechos sólidos que se producen y recolectan en el municipio de San Salvador.

Al presentar un recurso la empresa KALI, el mismo Ing. Suriano, lo declaró inadmisible con lo que no se ha podido profundizar en la legalidad de la adjudicación, que tendría vicios de oscuridad, por hechos de naturaleza formal.

Asimismo, el abogado considera inexplicable el porqué fue adjudicado el contrato a una empresa que no cuenta con permisos ambientales, sino que debe subcontratar el servicio con la empresa PULSEM, que administra el botadero del Puerto de La Libertad, la cual también es propiedad del señor Salume.

Por otra parte, ante tan graves ilegalidades, se han presentado distintas acciones legales contra la forma que se ha generado la contratación. Entre estas se encuentra una denuncia contra el notario que inobservó al firmar previamente un documento sin contar con la firma del otorgante.

El apoderado de la empresa KALI, ante la solicitud de la Sección de Investigación Profesional de contar con una certificación de ambas declaraciones, lo solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información de la municipalidad, sin embargo le fue denegada la entrega, ya que el Ing. Roberto Suriano, se justifica en que ese documento pretende ser utilizado con la finalidad específica de denunciar a un tercero.

A criterio del apoderado legal de KALI, con esta decisión el empleado municipal está provocando una afectación de su empresa representada, al bloquearle el derecho de ejercer acciones legales.

“La información solicitada corresponde a un expediente de contratación pública, en el que se habrían cometido presuntamente infracciones administrativas y de otra índole; lo que conforma una grave ilegalidad, y la vamos a denunciar en todas las instancias competentes, ya que no vamos a permitir que se sigan manejando de una forma poco transparente los procesos de contratación que comprometen los fondos municipales”, concluyó el abogado.

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