El Congreso de la República decretó el Estado de Emergencia Nacional que permitirá al Ejecutivo disponer de fondos de emergencia y solicitar ayuda internacional para destinarlos a la atención de la pandemia del coronavirus, pese a que en el país no se registran casos.

«Declárese estado de emergencia nacional y el estado de calamidad pública en todo el territorio de la República dentro del marco establecido en la Constitución a raíz de la pandemia por COVID-19», señala el decreto, aprobado por unanimidad de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, a pedido del gobierno del presidente Nayib Bukele.

El estado de emergencia y calamidad pública se mantendrá en vigencia por un lapso de 30 días, tiempo por el que se suspenden las clases en escuelas y universidades.

El presidente Bukele ordenó también el cierre de bares y discotecas por 14 días, y prohibió las aglomeraciones de más de 75 personas, aunque no en lugares de trabajo o terminales de autobuses.

El estado de emergencia faculta a las autoridades sanitarias a «limitar o restringir la circulación de personas que puedan ser portadoras del COVID-19» y que reciban obligatoriamente atención médica.

Desde el pasado 11 de marzo El Salvador prohibió el ingreso al país a todo extranjero por un lapso de 21 días.

Según el decreto aprobado, el gobierno también podrá utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para luchar contra el nuevo coronavirus.

Según un balance del gobierno, se mantiene en cuarentena de 30 días al menos a 1.200 personas para descartar que estén afectadas por el virus.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que «garantice» a las personas que mantiene en cuarentena «un trato digno» y que se les dé alimentos, agua potable y atención médica de ser necesario.

Además, los diputados aprobaron la «Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia Covid-19», que suspende derechos ciudadanos a circular en ciertas zonas que tendrán que ser detalladas por el Ejecutivo.

La normativa temporal restringe la libertad de tránsito, el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos, y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.

El decreto indica expresamente que la restricción podrá ser aplicada al ingreso de extranjeros al país pero también «a la circulación en zonas consideradas de riesgo» de acuerdo a publicación de un decreto ejecutivo.

Las autoridades de Salud podrán prohibir reuniones excepto las religiosas, culturales, económicas o deportivas, pero deberán tener autorización y medidas sanitarias; de lo contrario, Salud podrá ordenar cancelarlas según protocolos sanitarios.

La suspensión de estos derechos se aplicará en casos específicos y en zonas afectadas según resolución del Órgano Ejecutivo por el ramo de Salud mediante decreto ejecutivo.

La restricción de derechos podrá circunscribirse a un área específica del territorio nacional: una región, un departamento o municipio, de acuerdo a la decisión del Ramo de Salud y a protocolos sanitarios.

La restricción no aplica al ingreso al territorio nacional de los salvadoreños, el derecho a salir del país de toda persona, incluyendo diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares, la libertad de expresión, difusión, derecho a la asociación, inviolabilidad de correspondencia, ni autoriza la intervención de las comunicaciones. Sin embargo, los salvadoreños deberán cumplir con las medidas de Salud Pública.

La suspensión de garantías durará 15 días y podrá ser prorrogada luego de un informe al pleno legislativo y una nueva iniciativa de ley.

Se eliminó el orden público de la normativa y se agregó un artículo en donde se advierte sanción a la autoridad o funcionario público que viole la Constitución, la ley, reglamentos o protocolos.

A pesar que El Salvador no tiene casos confirmados de coronavirus, desde el miércoles 10 de febrero mantiene a personas en cuarentena luego de haber ingresado de otros países; actualmente hay más de mil albergados.

La ley recibió el apoyo de 58 diputados, 25 votos en contra (FMLN) y 1 abstención.

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