La juez 4ª de Paz de San Salvador, licenciada Nelly Pozas, decretó este domingo la detención  provisional contra el ex fiscal, Luis Antonio Martínez y el ex jefe de la Unidad de Intereses del Estado, Julio Arriaza, acusados de peculado, negociaciones ilícitas, lavado de dinero y otros activos. Sin embargo, la juzgadora reconoció en su resolución que la Fiscalía General de la República (FGR) se había quedado corta en sus fundamentaciones.

Junto a Martínez, enfrentaron la audiencia preliminar 18  personas más, de las 31 requeridas, entre ellas la esposa del ex fiscal, Carla Francesca García de Martínez, el exgerente general de la FGR, Mauricio Yanes Morales y el exjefe de Intereses del Estado Julio Arriaza.

La señora de Martínez y Yanes Morales recibieron medidas sustitutivas a la detención provisional comprometiéndose a no salir del país sin autorización y a presentarse cada ocho días al tribunal. El resto de imputados, el caso de peculado,  fueron puestos en libertad sin necesidad de ninguna medida de restricción, entre ellos contratistas de servicios profesionales y asesores, acusados de ser cómplices necesarios en debido a lo “incomprensible” e inconcebible de la acusación.

La Operación Corruptela, como llamó la fiscalía a la investigación realizada supuestamente por dos años, asegura que los responsables de la “red” eran el expresidente Mauricio Funes, actualmente en Nicaragua, el ex fiscal Martínez y el empresario Enrique Rais.

El ex fiscal Martínez denunció durante la audiencia que se encuentra detenido desde hace dos años padeciendo un estado de indefensión como represalia del actual fiscal quien ha convertido el caso Rais-Martínez en un caso de interés personal “lleno de odio”

Para la próxima semana se espera, siempre como parte de la Operación Corruptela, la audiencia preliminar en la que “deberían” participar el ex presidente Funes, el empresario Rais y otras diez personas, bajo el apremio de que de no presentarse ellos o sus representantes legales, se ordenarán ordenes de captura inmediatamente.

Por otra parte este domingo, luego que se conoció la resolución de la juzgadora, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, exhortó al fiscal general, Douglas Meléndez, a no exponer mediáticamente los casos y que  busque hacer justicia en los tribunales.

El jefe de la Iglesia católica salvadoreña reconoció sin embargo, que al fiscal le corresponde investigar porque si no lo hace puede incurrir en delito.

“Si ven que hay corrupción en ese (la Fiscalía) organismo y no lo evidencian serían culpables por encubridores” dijo el prelado, aunque enfatizó que no sólo se pueden acusar personas sólo por hacerlo, sino que debe existir plena justicia. Además, Escobar Alas enfatizó que en los grandes casos de corrupción no basta mostrarlos a los medios de comunicación, ya que muchas veces los procesos quedan en nada y se hace daño a los involucrados.

“Es importante que se haga justicia, no sólo descubrir algo y evidenciarlo con los medios y que luego se quede así, o que se culpe a alguien que es inocente, tampoco. Abogaría para que haya verdadera justicia y que responda el que deba responder ante la ley y el que es inocente se le trate como inocente”, mencionó monseñor Escobar Alas.

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