Una nueva denuncia fue presentada contra el ex fiscal general de la república, Douglas Meléndez, en la que lo acusan de cometer ” actitudes viles, nefastas y aberrantes” en contra de la imputada Hilda Guadalupe Trigueros. La denuncia pública está dirigida al fiscal general de la República, Raul Melara, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa.

El denunciante es el abogado Sergio Portillo Toruño quien lleva la defensa técnica de la señora Trigueros y otras personas que están siendo procesadas por delitos que aseguran no haber cometido.

En su denuncia, el abogado Portillo asegura que su defendida es víctima de procederes ilegales cometidos por el ex fiscal Meléndez, su primo hermano, Wil Walter Ruiz, exjefe de la UCCO, y por los agentes auxiliares Mayra Raquel, Liliana Jovel Guzmán, Luis Montes Pacheco y Julio César Larrama. En el texto de su denuncia, Portillo expone las siguientes aseveraciones:

1. Que están próximos a cumplirse TRES años, desde que el exfiscal general Douglas Meléndez, con la
finalidad de montar ante la opinión pública y favorecer quién sabe qué oscuros intereses, se inventó
una trama de corrupción judicial que llamó “Caso Rais-Martínez”, en el cual vinculó a mi defendida, quien pasó de ser una persona que buscó en el Sistema Judicial tutela y protección por ser víctima de violencia intrafamiliar, a ser doblemente victimizada, acusada de un delito que no cometió y siendo objeto de divulgaciones en medios periodísticos como “EL FARO” y “LA PRENSA GRÁFICA” que afectaron su honor, provocando un menoscabo de su dignidad, utilizando escuchas telefónicas de mi defendida, quien jamás fue intervenida legalmente, ya que no era objeto de investigación alguna.

2. Durante todo este tiempo, hemos batallado contra incontables arbitrariedades, la actuación carente
de objetividad de los fiscales del caso, quienes han acusado a mi defendida, por medio del uso de
escuchas ilegales, de las que no hay garantía de legitimidad ya que se rompió la cadena de custodia de
la evidencia, con un Juez 8° de Instrucción de San Salvador tolerante y permisivo que al darse cuenta
que los audios con las supuestas escuchas que presentó la FGR, se encontraban “vacíos” o“deteriorados” y no pudieron escucharse, les autoriza, sin ningún control, sin ninguna garantía que nadie va a editar la información, ni de dónde ha salido la misma, que vayan al Servidor del Centro de Escuchas y “extraigan otra copia”, vulnerando toda la legalidad y competencia del Juez autorizante de la supuesta intervención telefónica. Además de las denuncias efectuadas sobre la falsificación y el fraude procesal por los agentes fiscales Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco, que convierten a un imputado en el testigo criteriado “CLAVE TROYA”, del cual ocultan quién es el juez autorizante del criterio, acto que se realiza fuera del plazo de instrucción y sin convocar al suscrito para que ejerza el control y la defensa de los derechos y garantías de Hilda Trigueros, en una diligencia de esa magnitud.

3. Es sumamente preocupante, que desde el día 22 de marzo de 2018, se solicitó por mi parte a la
Señora Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara,
una auditoría específica del expediente de intervención 8-DIT-2014, para que se pudiera comprobar las
graves ilegalidades del mismo, sobre todo que no se dio cumplimiento a la destrucción de las escuchas
captadas según el Art. 23 de la Ley de Intervenciones Telefónicas (LEIT), nunca existió autorización
judicial respecto a mi defendida o alguno de sus soportes telefónicos; sin embargo Hilda Trigueros, ha
sido lesionada en su intimidad, divulgándose en el proceso y públicamente situaciones personales que
la afectan en su condición de mujer, y la Procuradora, nada ha constatado en más de un año; ¿Esa es la
clase de protección a los derechos humanos que nos merecemos en este país?

4. Por tal motivo, solicitaré este día, a la Asamblea Legislativa que se interpele a la señora Procuradora,
a fin que informe por qué no ha actuado dando cumplimiento a lo que le ordena el artículo 33 LEIT en
la petición específica solicitada para defensa de los derechos de mi representada; ni se ha ocupado de
proteger debidamente los derechos a la intimidad y secretividad de las telecomunicaciones del Art. 24
de nuestra Carta Magna para todos los salvadoreños, al mentir diciendo que ya presentó el Informe de
Auditoría al Centro de Escuchas del año 2015 y omitir con negligencia inexcusable los correspondientes
a los años 2017 y 2018. Sobre esto mismo, solicito a la Corte Suprema de Justicia, que revise la forma
en que algunos Jueces y Magistrados de Cámaras están vulnerando los derechos y garantías de los
procesados, lo cual va en contra del “Estado de Derecho” y nos está llevando a una violencia social
nunca antes vista.

Finalmente, el denunciante solicita al actual Fiscal General de la República, Raul Melara Morales,
que verifique las actuaciones de sus agentes fiscales, basando su petición en el numeral 16 de las directrices sobre la función de los fiscales decretadas por la ONU, que expresamente manifiestan: “16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas
pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los  responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.”

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