El atraso de la Asambleas Legislativa para elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha “obligado ” a que personas pertenecientes a la sociedad civil acusan a las Naciones Unidas, ONU, a pedir su intervención a fin de que este organismo internacional presione  a los diputados para que cumplan con su obligación constitucional.

Algunas de las organizaciones pertenecientes al Consorcio por la Transparencia denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que los diputados están negociando la elección de los magistrados bajo el ilegal sistema de “reparto de cuotas partidarias”.

“A pesar de una presión ciudadana sostenida, los diputados no han dado muestras claras de querer basar su elección en la idoneidad de los candidatos, sino más bien que en repartos de cuotas partidarios”, dicen los representantes del Consorcio en una carta enviada el lunes al Relator especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García Sayán.

La anterior Sala de lo Constitucional, integrada por Armando Pineda Navas (presidente de la Sala), Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González, terminó su periodo de 9 años, el pasado 15 de Julio.

Desde entonces, solamente ha quedado Armando Pineda Navas al frente de ese Tribunal y como presidente en funciones del Órgano Judicial, mientras la Asamblea Legislativa completa la elección de los 5 magistrados propietarios y los 5 suplentes.

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, manifestó recién que el atraso en la elección de los magistrados constituye un rompimiento al Estado de Derecho Constitucional, pero no dijo qué acciones tomará al respecto.

De hecho, ayer los miembros de la Comisión Política se volvieron a reunir, pero no llegaron a acuerdos concretos, por lo que el impasse entre el bloque ARENA, PCN y PDC, por un lado, y del FMLN y GANA, por el otro, continúa sin visos de resolverse.

En representación de los grupos sociales que enviaron una misiva  a la ONU, figuran la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y Techo de El Salvador, piden al Relator que inste a los legisladores a elegir cuanto antes y a los 4 candidatos más calificados para la Sala de lo Constitucional y 1 de lo Civil.

En la misiva aseguran al representante de ka ONU que la Asamblea Legislativa tiene un largo historial de tardanza en el nombramiento de funcionarios de segundo grado y que en la actual elección los salvadoreños llevan más de dos meses sin poder acudir a la Sala de lo Constitucional, debido al retraso de los diputados de la Comisión Política, que aún se encuentran negociando.

“Reviste una particular gravedad en este caso, debido a que está produciendo grave violación al derecho de acceso a la justicia y a contar con jueces independientes, garantizados en el art.14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, le dicen en la carta a García Sayán.

“Nuestro Tribunal Constitucional no ha podido sesionar ni resolver ningún proceso, ni siquiera admitir más de 100 demandas acumuladas desde el 16 de Julio pasado, produciendo la total paralización de los procesos de amparo constitucional, habeas corpus e inconstitucionalidad”, agregan los miembros del Consorcio por la Transparencia.

No tener Magistrados en el Tribunal Constitucional implica que los salvadoreños no pueden hacer uso de su derecho a ampararse por violaciones a la Constitución.

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