De acuerdo a una auditoria Especial de Corte de Cuentas de la República (CCR) al proceso de contratación del Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos producidos en el municipio de Santa Tecla, durante el año 2017 fue pagada la suma de $1,338,629.16 a la empresa PULSEM, propiedad del señor Salume.

El monto habría sido pagado por el servicio de disposición final de la basura recolectada en dicho municipio, a sabiendas que esa compañía no contaba con permisos ambientales de funcionamiento. 

Una fuente, que solicitó la reserva de su identificación por temor a represalias por parte de las autoridades edilicias, confirmó a este medio que la Corte de Cuentas de la República concluyó que el Alcalde Roberto d’Aubuisson y su Concejo Municipal de Santa Tecla, habrían hecho los pagos.

PULSEM es una empresa propiedad del señor Salume y administra el Botadero municipal del Puerto de La Libertad, el cual ha sido señalado reiteradamente por estar contaminando la zona litoral, que representa un corredor turístico importante del país.

En la zona existen varios asentamientos humanos que se han manifestado en contra del botadero de basura, debido a que en el sitio no se da tratamiento adecuado a los desechos que se recibe, especialmente de los municipios grandes como Santa Tecla y San Marcos.

Contra la empresa existen varias denuncias penales por incumplimiento a las normas ambientales, por los delitos de Desobediencia de Particulares y Contaminación Ambiental Agravada. 

En el caso de la Alcaldía de Santa Tecla, según la Auditoría de la institución contralora, la empresa de Salume carece del permiso ambiental de funcionamiento, no obstante fue adjudicada en el proceso de contratación CD-07/2017, para brindar el “Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos”, ya que la compañía de Salume, para recibir el contrato únicamente presentó un permiso ambiental de Ubicación y Construcción, “que no constituye el permiso de funcionamiento; y que además fue adjudicada y contratada para prestar dichos servicios”, se lee en la resolución del Tribunal de cuentas.

Adicionalmente, el Alcalde d’Aubuisson habría realizado pagos fuera del plazo contractual a favor de la empresa PULSEM. Asimismo, creó ilegalmente un mecanismo para realizar una contratación directa de esta compañía, para romper de hecho, el contrato que tenía vigente con la empresa MIDES.

Según los Auditores de la Corte de Cuentas, la Alcaldía de Santa Tecla, realizó un calificativo de Urgencia Improcedente, pues al momento de hacer tal declaración ya había dejado de existir la contingencia. Además provocó el cierre técnico de los servicios que le brindaba MIDES, al no realizar los pagos por los servicios recibidos, generando una deuda por $241,146.06.

Finalmente, el edil no habría cumplido los procedimientos legales ya que emitió la resolución razonada para autorizar la contratación directa de la empresa de Salume, tres meses después de haber emitido el calificativo de urgencia. 

Este medio, consultó al abogado ambientalista Sergio Portillo quien manifestó que “el informe de Auditoría, viene a reiterar lo que en dos ocasiones ha pronunciado el Juez Ambiental pues, en mayo de 2018, se demostró con un Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la empresa de Salume estaba operando el botadero del puerto de La Libertad sin permiso ambiental para funcionar; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por Lina Pohl y con la acción fraudulenta de Vilma Celina de Monterrosa, entonces Directora de Gestión Ambiental, bajo el gobierno del FMLN, en lugar de abrir un procedimiento sancionatorio contra PULSEM, le habría facilitado ilegalmente la obtención de un permiso el 10 de diciembre de 2018, sin importar que el lugar no cumple con las condiciones técnicas para operar y que no está captando ni destruyendo los gases altamente contaminantes, como el metano, que se concentran en la zona y que son un peligro para la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Es claro que el FMLN, optó por favorecer al millonario Salume y no a la población”, dijo.

Otro abogado consultado hizo énfasis en que, “si la municipalidad le pagó esa suma millonaria a la empresa de Salume, que no contaba con los permisos ambientales para operar, además de ser cómplice de los delitos de contaminación ambiental, también ha fraguado una estafa contra las arcas municipales”. Todo esto se une a la ya cuestionada formación de TECLASEO, cuyos documentos de constitución y acuerdos han sido declarados por d’Aubuisson como reservados, contrariando la transparencia que requiere el uso de los fondos públicos del municipio, que son cubiertos por los contribuyentes.

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