Los abogados Silvia de Bonilla y Rafael Hernán Cortez solicitaron al jefe de la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado de la Fiscalía General de la República (FGR), Antonio Julián Méndez Quezada, un informe de los avances de las diligencias desarrolladas hasta la fecha relacionadas al caso su patrocinado el empresario Enrique Rais.
Los abogados pidieron este jueves al jefe de la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado de la FGR, Antonio Julián Mendez, que se les informe sobre los resultados obtenidos a la fecha, respecto a las denuncias hechas en contra de fiscales auxiliares y agentes policiales “por haber actuado ilegalmente durante el proceso de detención de Rais en agosto del año pasado”.
En el documento presentado, los abogados señalan que esta no es la primera vez que se pide la mencionada información, “en dos oportunidades anteriores se ha solicitado al fiscal Antonio Julián Méndez Quezada el informe de las diligencias desarrolladas” aseguran.
Según los abogados, los denunciados no solo violaron derechos y garantías constitucionales de su cliente “con el fin de armar un caso en su contra” sino también cometieron infracciones procesales que en cualquier país en democracia hubieran causado la nulidad absoluta de cualquier caso.
De acuerdo a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, policías y fiscales auxiliares incurrieron en graves violaciones a los derechos constitucionales de Enrique Rais. Los abogados del empresario aseguran que la denuncia por falsedad ideológica y material contra el agente de la Policía Nacional Civil, Francisco Anaya Cruz , fue presentada el 26 de enero de 2017.
En el escrito se dice que el agente Anaya Cruz mintió en el acta policial sobre el lugar donde se produjo la detención del señor Enrique Rais, el 23 de agosto de 2016.
Los representantes legales del empresario pidieron que se realizaran entrevistas a distintos testigos así como las certificaciones de varios documentos que forman parte del proceso en el Juzgado 8° de Instrucción pero, a pesar de que han transcurrido más de seis meses, no han recibido respuesta alguna de la FGR.
De igual manera, los abogados de Rais solicitaron que se certificaran los “libros de entradas y salidas” de las personas detenidas y de los internos en la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) “del 21 al 24 de agosto de 2016 a efecto de establecer que sus representados nunca se encontraron en dicho lugar pero hasta la fecha tampoco han sido informados sobre el resultado de su denuncia.
Del mismo modo se pidió que se solicite al juez 8° de Instrucción, Mario Mira Montes, que certifique las actas de lectura de los derechos del empresario Enrique Rais y el resto de procesados cuando supuestamente se encontraban en la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO).
Las abogados de Rais solicitaron que se llamara a declarar en calidad de testigos a Hugo Ernesto Ventura Montoya, José David Campos Ventura, Olimpia Elizabeth Rivera Cruz y José Mauricio Arrieta Gálvez, pero su petición tampoco ha sido atendida.
Otra situación planteada por los abogados de Rais, es la denuncia que se hizo contra Julio César Larrama Barahona, Xenia Lizerth Linares Rodríguez, Francisco Javier Anaya y Mario Germán Gómez, todos ellos de la FGR, por el delito de privación de libertad por empleado público, agente de autoridad pública y otros ilícitos por lo cual se pidió certificación de las distintas actas y órdenes sin que a la fecha les hayan notificado de resultado alguno.
Los abogados de Enrique Rais presentaron los días 26 y 31 de enero de 2017 varias denuncias en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, sin que hasta la fecha hayan sido notificados de diligencia alguna. “ya han transcurrido más de seis meses sin que a la fecha, se nos haya convocado en nuestra calidad a la realización de ninguna diligencia y desconociendo si se han realizado ya algunas de las solicitadas”, dicen en su solicitud de informe a la Unidad de Patrimonio Privado de la PGR.
En el documento se precisa que se necesita la certificación del acta del “Registro con Prevención de Allanamiento, realizado en los locales diez y once, del Condominio Balam Quitzé”, y de la orden judicial emitida por la jueza 14° de Paz de San Salvador autorizando “el allanamiento única y exclusivamente de la oficial del licenciado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, ubicada en Paseo General Escalón, Condominio Balam Quitzé, segundo nivel, ubicada en el local número 11”.
Los abogados Silvia de Bonilla y Rafael Hernán Cortez le recordaron al jefe de la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado de la FGR, Antonio Julián Méndez Quezada, que en las denuncias presentadas contra fiscales y policías “la víctima directa es el mismo ESTADO y en otros la víctima es de carácter difuso”, y subrayaron que sus representados tienen la calidad de “Víctima Subsidiaria”.
La defensa técnica del señor Enrique Rais y otras personas que también son imputadas, advierte a la Fiscalia sus temores de que las citaciones “con tanta celeridad” que están recibiendo sus clientes y “a sabiendas de que estos están imposibilitados de comparecer por encontrarse resguardados por la vigente afectación en contra de su derecho sagrado de Libertad Ambulatoria” “no sea utilizada como una estrategia para buscar archivar los expedientes en los cuales tienen la calidad de víctima subsidiaria”.
Los abogados de Bonilla y Cortez hicieron hincapié en que en este caso las declaraciones de su representado no son indispensables para el desarrollo de las diligencias para llevar a los tribunales la denuncia, en vista que en los documentos mencionados anteriormente “existen claras y evidentes falsedades” cometidas por los denunciados.
Algunas de las “falsedades” que se reflejan en los folios que forman parte del proceso se encuentran “la imposibilidad que la misma persona suscribiera tres actas distintas a tres personas distintas al mismo tiempo”, además del “hecho de que materialmente mis defendidos plasman que las actas se les llevaron para su firma un día después del que se plasma en ella”, externaron los abogados en el documento entregado en la FGR.
Las actas de la detención del señor Enrique Rais y el resto de los procesados en este caso muestran que es falso que se le haya arrestado en la DECO ya que “nunca fueron a la DECO, porque fueron detenidos en sede Fiscal de la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán y luego fueron trasladados a las instalaciones de la DAN”, reiteraron los representantes legales del empresario.