La abogada Jessica Rivas interpuso el lunes una Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez d’Aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción.

La denunciante que dijo interponer la denuncia en su calidad de mujer, ciudadana y abogada, presentó un aviso contra los que acusa de obrar con la intención de lograr la impunidad de Martínez d’Aubuisson, a quien el periódico digital, LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente de una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA”, con el objetivo de proteger su identidad.

Según las declaraciones de la abogada a periodistas que convocó, su decisión pretende sentar un precedente sobre la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; de acuerdo a la letrada, el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues el IDHUCA publicó el pasado día 18 un comunicado manifestando el deseo e interés de la supuesta víctima, de no dar continuidad al caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella.

«En este caso, debemos dejar bien claro -apuntó la abogada- que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir».

Rivas cuestionó que la abogada Deleón, «hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al fiscal general llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión»

La presentante lamentó que en lo que ella considera un intento de evitar la justicia para Martínez d’Aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia”, aseguró.

De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al fiscal general, una serie de diligencias que comprobarían que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, con el objetivo de ocultar la verdad de los acontecimientos.

Rivas solicita también que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en una fiesta donde supuestamente ocurrió el abuso, entre ellas las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a otro español, José María Tojeira, diretor del IDHUCA.

“El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras», reclamó Rivas.

Finalmente, la abogada de la República Jessica Rivas dijo que hay en esto un reto para la Fiscalía, el cual es demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.

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