Los abogados defensores en el Caso Rais-Martínez, Silvia de Bonilla, Hernán Cortez Saravia y José David Campos Ventura,  presentaron un recurso de Habeas Corpus Preventivo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  afirmando que están siendo víctimas de persecución y amenazas  por parte de la representación fiscal auxiliar que lleva el caso.

Los abogados llegaron a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, para hacer efectiva la presentación del recurso, porque consideran que están siendo objeto de una investigación ilegal.

Los defensores justifican la presentación del recurso debido a las amenazas que han recibido por hacer públicas las ilegalidades que se han cometido en  el Caso Rais-Martínez, lo que ha derivado según su consideración, en persecución y la apertura de procesos en su contra por parte de la FGR.

Pocas veces en la historia forense del país la defensa técnica de un imputado recurre a los medios de comunicación a denunciar las irregularidades e ilegalidades que según ellos se están cometiendo para “armar” un caso contra su cliente, su sobrino y el abogado Wilfredo Gutiérrez Ayala y otras ocho personas más.

Los abogados son del criterio que recurriendo al derecho de informar han denunciado públicamente las violaciones a las garantías constitucionales y el debido proceso de las que es víctima el empresario Enrique Rais.

Las ilegalidades a las que se refieren los abogados van desde la captura y el sometimiento a juicio de un ciudadano sin leerles sus derechos, de detención ilegal y el uso de las llamadas “escuchas” ficticias ya que en ellas no aparece su defendido el empresario Enrique Rais.

Los abogados sostienen que un afán de la Fiscalía General de República por perjudicar al ex fiscal Luis Martínez, “se han pasado llevando a otras personas” y que en el fondo lo que se busca defender a dos ciudadanos canadienses que habían sido denunciados con anterioridad por Enrique Rais acusándolos de retención o apropiación indebida y extorsión.

En una batalla judicial de cuatro años, los canadienses Mateo Pasquale y Franco Pacetti perdieron sus pretensiones contra Enrique Rais y ahora deben enfrentarse a un juicio por el delito de extorsión. En la actualidad existe orden de captura contra ambos ciudadanos canadienses y a una alerta roja internacional.

 La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, declaró inadmisible la solicitud de nulidad absoluta gestionada por la defensa de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, y confirmó la resolución dictada por el Juzgado Quinto de Instrucción en la que los manda a juicio por los delitos de extorsión y apropiación indebida en perjuicio de José Aquiles Enrique Rais López. Según los abogados esa es la causa principal por la que se “armó” el caso Rais-Martínez.

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