El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador aplazó la audiencia de vista pública señalada para este lunes en contra del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, el exviceministro Sigfrido Ochoa Gómez y otros cinco imputados por el caso Diego de Holguín.

La resolución del tribunal obedeció a que el exministro solicitó mediante un recurso de nulidad que se dejen sin efectos las imputaciones que por malversación, peculado y desobediencia a particulares, se le sigue en dicho tribunal.

De acuerdo con la acusación de la FGR, en su administración al frente del MOP Nieto pagó un total de $63,330,000.99 a empresas por la construcción de la Diego de Holguín, ahora Autopista Monseñor Romero, que no se terminó.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía el primer tramo tuvo un costo de $30,447,272.59, el segundo tramo tuvo un costo de $19,740,349.54  y una sentencia de $13, 142,378.96, haciendo un total de $63, 330,000.99, agregando $10 millones que se pagaron a las empresas por garantías que el Estado ya no recuperó.

En conferencia de prensa el ministro Martínez explicó, que se le defraudó al Estado $73 millones por administraciones anteriores.

El ministro Martínez reiteró durante la conferencia que en la epoca en que ocurrieron los hechos, se  pagó por el tramo I del bulevar ex Diego de Holguín $30, 447,272.59. Además señaló que por concepto por Laudos arbitrales, es decir sentencias, se pagaron $13, 142,378.96, haciendo un total de $63, 330,000.99.  A esto se suma, la garantía por $10 millones,  que se le otorgó a la empresa y que no fue recuperado por  el gobierno de ese momento.

Según Martínez, los laudos arbitrales no estaban contemplados en el contrato; sin embargo, el contrato fue modificado. “Se tuvo una modificación maliciosa y amañada del contrato, porque esto estaba prohibido en el contrato, pero se vulneró para un saqueo financiero”, puntualizó el ministro Martínez.

“Ellos pagaron a las empresas que dejaron en abandono la obra. En el tramo II pagaron y estaba inconcluso, pagaron garantías, manosearon el contrato. Hoy estamos aquí representando al país y al interés público y para pedir merecida justicia”, dijo. De acuerdo a la constitución de la República la representación del Estado y el interés público le corresponden a la Fiscalía General de la República.

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